En los años de la posburbuja, la situación de la Administración Pública era diferente. Por la propia naturaleza de su actividad, las administraciones no habían caído en la febril sobreinversión en la que cayeron las empresas privadas. Más lenta en reaccionar al fenómeno del mundo conectado por Internet, los procesos críticos de sus actividades no cambiaron sustancialmente mientras se inflaba la burbuja.
Sin embargo, el dramático crecimiento de la infraestructura de conectividad, nacido a la luz de la "nueva economía", si había producido una transformación en la sociedad. En el año 2006, el mundo alcanzó la cifra simbólica de 1000 millones de personas conectadas a Internet. Entre 2000 y 2005 la cifra se había triplicado aunque, claro, con enormes diferencias entre países y regiones.
En España, por ejemplo, si se ve el gráfico de abajo, el número de personas mayores de 14 años que utilizaba Internet todos los días (línea naranja), había crecido del 2,9% en 2000 a 21,7% en 2006. Y los usuarios ocasionales alcanzaban al 47% de la población mayor de 16 años. Ahora si existía una "masa crítica" de ciudadanos conectados que empezaba a demandar de las administraciones más y mejores servicios que se pudieran obtener on-line. El sector político se subió a la ola con la idea de crear la "Sociedad de la Información".
En ese marco, la Unión Europea decidió promover activamente y subvencionar numerosos proyectos de informatización y digitalización, particularmente en el ámbito de crear servicios online para el ciudadano desde los distintos niveles de la Administración. De repente el Estado empezó a invertir activamente en registros civiles digitales, museos y bibliotecas virtuales, todo tipo de trámites y gestiones online, educación online y otros. En el gráfico de abajo se aprecia como crece la inversión en TIC en España: casi un 50% en 5 años.
A diferencia de las nuevas empresas de Internet, obligadas a dar resultados en un tiempo determinado, el Estado podía soportar y promover modelos deficitarios, dado que se beneficiaba del "rédito social" (la satisfacción del ciudadano) y el efecto indirecto de promover una industria de alta tecnología, con empleos de calidad. Por esto,al mismo tiempo que las empresas privadas se recuperaban de su sobreinversión de la "burbuja", en Europa y EEUU aumentaba la inversión pública en tecnología de la información, lo cual permitió sostener a muchas empresas y negocios.
España, en ese período, fue uno de los países más beneficiados de acuerdo con su posición relativa. Por los tratados europeos se recibieron, hasta 2005, una gran masa de "fondos de convergencia" (subvenciones), de los cuales una gran parte se invirtió en la modernización de la infraestructura tecnológica y la creación de servicios online para los ciudadanos. Alrededor de este negocio se desarrolló una importante industria de software y servicios informáticos, que absorvió una gran cantidad de profesionales formados.
Por supuesto, hubo fracasos. En general cuando el Estado se metió a empresario e intentó desarrollar incubadoras o startups con capital público. Estos, en general, no consiguieron despegar o no desarrollaron modelos de negocio viables. Pero era la norma en la época con cualquier iniciativa, lo que podría cuestionarse es si tenía sentido poner dinero público en un negocio tan riesgoso.
Visto en retrospectiva, en esos años, la Administración Pública dio un salto espectacular en su relación con los ciudadanos. Nunca volvería a ser igual. Hasta las más pequeñas oficinas públicas debieron desarrollar sitios web, poner a disposición medios de contacto electrónico (email, formularios on line) y facilitar trámites sin acceder personalmente. Como se puede ver abajo, el número de empleados públicos con acceso a Intenet se cuadroplicó en 5 años.
Para el año 2006, las Administraciones Públicas en Europa habían alcanzado un grado de digitalización notable en muy poco tiempo. El siguiente gráfico indica el grado de sofisticación alcanzado por los 20 servicios públicos fundamentales establecidos por el marco de la UE.
Si miramos el caso de España, aparece en la media europea por debajo de los países escandinavos pero por encima de Alemania, por lo cual es un buen indicador del desarrollo relativo en Europa. Para ese año una gran cantidad de servicios públicos a los ciudadanos ya eran totalmente digitales.
Al mismo tiempo en los 8 servicios básicos de la administración para la empresa, en España ya eran todos el 100% digitales. Por supuesto, este desarrollo de la administración electrónica no fue totalmente parejo en diferentes áreas ni jurisdicciones de la administración. Basta ver las enormes diferencias en el área específica de salud, donde España ocupa un puesto destacado (pero lejos de los líderes) y Francia (que en media superaba a España), muy retrasado de todos.
No obstante, en general, los números indican una evolución espectacular en 5 años en el continente europeo. Ya nada sería igual. Se habían puestos las bases de la "revolución digital" que ocurriría en años siguientes.
En América Latina ocurrió el mismo fenómeno aunque más localizado y focalizado en las grandes ciudades, donde existía esa masa de "ciudadanos conectados". Todavía faltaría para que esto alcanzara iniciativas nacionales: la infraestructura y la sociedad no estaban preparadas para un cambio de esa magnitud. Sólo el 13% de la población utilizaba habitualmente Internet en 2006.
En síntesis, después de los años de la burbuja y hasta el año 2006, el principal motor transformador de la industria de TI fue el sector público, que tomó el relevo de las empresas privadas, acercó la administración al ciudadano y las empresas, generando al mismo tiempo un enorme impacto en la productividad. Sólo por dar algunos ejemplos del impacto social de estas reformas:
- Gestión de la demanda: la generalización de los sistemas de cita previa multicanal (teléfono, Internet) para gestionar la demanda de los servicios públicos simplificó la vida tanto a ciudadanos como a funcionarios. Ni hablar del impacto de este tipo de solución en el sector sanitario o educativo.
- Reducción de desplazamientos: la disponibilidad de servicios on line redujo enormemente la necesidad de desplazarse a la oficinas públicas para realizar trámites muchas veces muy sencillos, además de agregar eficiencia a la Administración.
- Servicios de información: la disponibilidad de abundante información sobre las características de las gestiones públicas, redujo drásticamente la presión sobre las fuentes informativas y sobre los funcionarios de la primera línea de atención al ciudadano. Esto incluye las guías de trámites, catálogos de servicios y contenidos y los directorios de las administraciones.
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